Sánchez estafa a los sanitarios: sólo ha tramitado como accidente laboral el 2,4% de sus contagios

El trato a los sanitarios por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya es digno de ser considerado una estafa. Hasta el momento -y pese a la avalancha de contagios entre médicos, enfermeros o celadores por culpa de la falta de material de protección- la Administración sólo ha permitido contabilizar como accidente laboral por Covid-19 un 2,4% de los contagios en el ámbito sanitario.

Según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta esa fecha sólo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4% de los 55.824 casos de profesionales de la Sanidad contagiados que había registrados hasta esa fecha.

El resultado es fácil de describir: miles de trabajadores de la sanidad pierden cobertura económica por el caos en la gestión de las bajas y la negativa inicial del Ejecutivo a aceptar que los contagios fuesen incluidos desde el primer momento y sin limitaciones como accidente laboral. Para colmo, el 20% de los comités de seguridad y salud de las Administraciones están pendientes de creación y de los creados sólo funcionan el 65%. Algo que limita la capacidad de reclamación de los afectados por los contagios.

Implementación poco efectiva

El encargado de hacer públicos estos delicados datos ha sido el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, que señala que cuando se cumplen “25 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que, por mandato constitucional, desarrolla el marco normativo de garantías y responsabilidades para un adecuado nivel de protección de la salud de las personas trabajadoras, frente a los riesgos derivados de sus condiciones laborales” se conoce que, lo cierto, es que esa protección ha fallado en el momento más delicado.

Desde CSIF señalan que “pese al amplio marco legislativo que establece la ley ‘en el papel’, en la práctica su implementación no se ha realizado de manera efectiva en los centros de trabajo, donde se incumplen de manera sistemática sus principios preventivos: evaluación de riesgos, combatir los riesgos en su origen, adaptar el puesto de trabajo, planificación de la prevención y dar las instrucciones precisas a los/as empleados/as, entre otros». «Y, si algo ha visibilizado esta pandemia de COVID-19, es que la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente para las diferentes administraciones, dejando de manifiesto las deficiencias que existen en los centros de trabajo como la falta de equipos de protección individual, falta de previsión y planificación, insuficiente dotación de recursos humanos que derivan en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desgraciadamente, en fallecimientos”, señalan.

Este grado de incumplimiento y la situación caótica en la gestión de la crisis se ha manifestado en esta ocasión a la hora de contabilizar y acreditar los casos. Según los últimos datos de accidentes de trabajo, correspondientes al mes de agosto, hasta la fecha sólo se han contabilizado 1.346 accidentes de trabajo relacionados con el Covid-19, un 2,4% de los 55.824 casos de profesionales de la Sanidad que había registrados hasta esa fecha y únicamente 15 muertes.

Desde CSIF señalan que “estas cifras carecen de credibilidad y están relacionadas por un desfase de datos o errores en la tramitación como accidente de trabajo de los contagios por profesionales en el ámbito sanitario, donde España se sitúa desgraciadamente a la cabeza”. “Esta circunstancia, derivada del caos en la gestión de las bajas laborales (se contabilizan como bajas por enfermedad común en vez de accidente de trabajo) genera una pérdida económica: se dejan de percibir las guardias y la productividad, entre otros conceptos y se pierde la indemnización por secuelas”, explican desde el sindicato.

“De hecho, el colectivo de la Sanidad estuvo en desamparo hasta que el Gobierno reconoció el contagio como accidente laboral, después de las presiones de CSIF. Hoy ya se considera como tal hasta que se dé por concluida la pandemia. Nuestro sindicato, además reclama que el Gobierno califique el contagio como enfermedad profesional, a todos los efectos de pensión”, añaden desde CSIF.

“La falta de previsión del Gobierno y de las diferentes administraciones también llevó a nuestro sindicato a presentar una querella al Tribunal Supremo ya que, pese a los reiterados avisos de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades no hicieron acopio de material de prevención al inicio de la pandemia”, concluyen desde el sindicato.

Datos peligrosos

CSIF ha realizado un análisis del grado de implantación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en las administraciones públicas y ha comprobado que en algunos ámbitos no se llega siquiera al cumplimiento mínimo. “La inversión en prevención suele ser escasa, los servicios de prevención están sobrecargados y se restringe el derecho a la consulta y participación dado que los delegados de prevención en muchos casos o bien ni están nombrados, ni se les facilita la información suficiente para llevar a cabo su labor”, aclara el sindicato.

En concreto, el 20% de los comités de seguridad y salud de las administraciones públicas aún no están creados, lo que muestra el desinterés en la materia, y de los que se han creado sólo funcionan de manera activa el 65% . Muchos de ellos llevan meses sin convocarse a pesar de la difícil situación que generada como consecuencia de la pandemia y estando en juego la seguridad y salud de los profesionales. En la misma línea, CSIF afirma que el 66% de los centros de trabajo no cuentan con evaluación de riesgos.